3 de Abril de 2018
El 2017
será recordado como un año atravesado por hechos de violencia, tales como el
asesinato de Rafael Nahuel, joven mapuche de la comunidad Lafken Winkul Mapu,
por la Prefectura Naval en la provincia de Río Negro en el marco de una
recuperación territorial, así como de otros hechos de violencia y represión
institucional contra las comunidades indígenas. Entre ellos, la desmedida
represión efectuada por Gendarmería Nacional en Pu Lof en Resistencia en
Cushamen, Chubut en enero de 2017, y su repetición en agosto pasado, contexto
en el cual se produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
El 2018
vuelve a presentarse como un año signado por la violencia, la xenofobia y el
racismo, dentro de un paradigma que insiste en desconocer los derechos
colectivos de los pueblos indígenas, y cuyo modelo de seguridad encuentra su
sustento en la represión policial y en una clara decisión política de defender
a ultranza cualquier accionar de las fuerzas de seguridad. Numerosos casos
recientes confirman los peores augurios sobre el retorno de un paradigma
racista y punitivista que creíamos superado como doctrina aceptada para el
accionar estatal.
Sigue siendo
alarmante algo que desde este Espacio ya se viene advirtiendo, y que se hizo
público en documentos anteriores: el incremento constante de la violencia, el
hostigamiento y la criminalización, que se traduce por ejemplo, en la reciente
represión en Bariloche luego de la lectura de la sentencia que ordenó la
extradición del Lonko Facundo Jones Huala a Chile, con la consiguiente apertura
de causas a 15 detenidos, incluido un menor, que fueron liberados con
posterioridad, y quienes en algunos casos denunciaron los excesos que sufrieron
por parte de la policía.
No es
casual que el Presidente Macri sostuviera en el Foro Económico de Davos
realizado en enero de este año que “la asociación entre el Mercosur y la Unión
Europea es natural porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”.
De este modo, el gobierno decide ignorar la preexistencia de los pueblos
originarios contemplada constitucionalmente, y explicita con claridad que no
existe lugar para los indígenas o, lo que es lo mismo, que los derechos
territoriales tan largamente reivindicados por los pueblos indígenas deben
ceder paso a un conjunto de intereses que vuelven a privilegiarse por sobre los
reclamos legítimos de los titulares de esos derechos.
En esta
línea, queremos advertir del nuevo riesgo de represión que se está construyendo
a partir de la promoción de acciones de desalojo, presentada el 2 de marzo del
corriente año por parte de las autoridades de Parques Nacionales, contra la
comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en la zona del Lago Mascardi, provincia de
Río Negro. Ante tal situación, exigimos que se privilegien las
instancias de diálogo, y exhortamos a las partes a respetar y recuperar el
proceso iniciado a partir de la instauración de la Mesa de Diálogo provincial,
en procura de una solución pacífica al conflicto suscitado con la Comunidad
mapuche Lafken Winkul Mapu, convocando para ello a la comunidad, la
Administración de Parques Nacionales, el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, el Obispado, la APDH, la Defensoría del Pueblo y otras
organizaciones involucradas en la materia.
Todos los
hechos aquí presentados tienen como común denominador las disputas por las
tierras y el territorio, por los bienes comunes naturales que detentan, y por
el rechazo de los derechos indígenas que están vigentes en la normativa
nacional e internacional. Debemos alertar sobre las denegaciones permanentes de
los derechos indígenas invocados, a través de un modelo represivo adoptado por
las fuerzas de seguridad y alentado por los funcionarios del más alto nivel
(presidencia y ministerio de seguridad), que a la vez que alimenta el racismo y
la xenofobia, deja abierta la puerta para utilizar cualquier camino a fin de
conseguir “un territorio sin indios”.
Desde
este Espacio nacional insistimos en que la única vía aceptable para la sociedad
argentina es la ejecución inmediata y completa de la Ley 26160 de Emergencia en
la propiedad y Posesión Indígena, prorrogada recientemente por el Congreso de
la Nación a través de la Ley 27.400, y la pronta sanción de una ley de
propiedad comunitaria indígena. En consecuencia, abogamos por una vocación
dialoguista e intercultural que respete -en primer lugar y privilegiadamente-
los derechos ya vigentes y reconocidos en el marco del Estado; exigimos el
abandono de una política de seguridad que sólo visualiza a los pueblos
originarios –y en particular al pueblo mapuche- como terroristas y violentos; y
promovemos la construcción de un camino cuyo horizonte es el respeto al otro, a
sus formas de vida y de desarrollo, sin imposiciones ni discriminación. En
definitiva, abogamos por la construcción de un Estado genuinamente igualitario
y exigimos que PAREN DE MATAR A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Jorge Nahuel, José Auletta, Roberto Aramayo, Alcira Argumedo, Pablo Bergel, Nilo Cayuqueo, Claudia Briones, Mario Cafiero, Irma Caupan, Gaston Chillier, Alicia Ciciliani, Victoria Donda, Jaime Linares, Roberto Gargarella, Alejandro Grimson, Diana Lenton, Miriam Liempe, Claudio Lozano, Diana Kordon, Ruben Lo Vuolo, Francisco Nazar, Silvina Ramírez, Darío Rodríguez Duch, Cinthia Mónaco, Magdalena Odarda, Maristella Svampa, Juan Toklatian, Enrique Viale.
Con la participación de la Confederación Mapuche del Neuquén, Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y Parlamento Plurinacional.
mesanacionalintercultural@gmail.com