PAREN DE MATAR A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

3 de Abril de 2018

El 2017 será recordado como un año atravesado por hechos de violencia, tales como el asesinato de Rafael Nahuel, joven mapuche de la comunidad Lafken Winkul Mapu, por la Prefectura Naval en la provincia de Río Negro en el marco de una recuperación territorial, así como de otros hechos de violencia y represión institucional contra las comunidades indígenas. Entre ellos, la desmedida represión efectuada por Gendarmería Nacional en Pu Lof en Resistencia en Cushamen, Chubut en enero de 2017, y su repetición en agosto pasado, contexto en el cual se produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

El 2018 vuelve a presentarse como un año signado por la violencia, la xenofobia y el racismo, dentro de un paradigma que insiste en desconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y cuyo modelo de seguridad encuentra su sustento en la represión policial y en una clara decisión política de defender a ultranza cualquier accionar de las fuerzas de seguridad. Numerosos casos recientes confirman los peores augurios sobre el retorno de un paradigma racista y punitivista que creíamos superado como doctrina aceptada para el accionar estatal.

Sigue siendo alarmante algo que desde este Espacio ya se viene advirtiendo, y que se hizo público en documentos anteriores: el incremento constante de la violencia, el hostigamiento y la criminalización, que se traduce por ejemplo, en la reciente represión en Bariloche luego de la lectura de la sentencia que ordenó la extradición del Lonko Facundo Jones Huala a Chile, con la consiguiente apertura de causas a 15 detenidos, incluido un menor, que fueron liberados con posterioridad, y quienes en algunos casos denunciaron los excesos que sufrieron por parte de la policía.

No es casual que el Presidente Macri sostuviera en el Foro Económico de Davos realizado en enero de este año que “la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”. De este modo, el gobierno decide ignorar la preexistencia de los pueblos originarios contemplada constitucionalmente, y explicita con claridad que no existe lugar para los indígenas o, lo que es lo mismo, que los derechos territoriales tan largamente reivindicados por los pueblos indígenas deben ceder paso a un conjunto de intereses que vuelven a privilegiarse por sobre los reclamos legítimos de los titulares de esos derechos.

En esta línea, queremos advertir del nuevo riesgo de represión que se está construyendo a partir de la promoción de acciones de desalojo, presentada el 2 de marzo del corriente año por parte de las autoridades de Parques Nacionales, contra la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en la zona del Lago Mascardi, provincia de Río Negro. Ante tal situación, exigimos que se privilegien las instancias de diálogo, y exhortamos a las partes a respetar y recuperar el proceso iniciado a partir de la instauración de la Mesa de Diálogo provincial, en procura de una solución pacífica al conflicto suscitado con la Comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, convocando para ello a la comunidad, la Administración de Parques Nacionales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Obispado, la APDH, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones involucradas en la materia.

Todos los hechos aquí presentados tienen como común denominador las disputas por las tierras y el territorio, por los bienes comunes naturales que detentan, y por el rechazo de los derechos indígenas que están vigentes en la normativa nacional e internacional. Debemos alertar sobre las denegaciones permanentes de los derechos indígenas invocados, a través de un modelo represivo adoptado por las fuerzas de seguridad y alentado por los funcionarios del más alto nivel (presidencia y ministerio de seguridad), que a la vez que alimenta el racismo y la xenofobia, deja abierta la puerta para utilizar cualquier camino a fin de conseguir “un territorio sin indios”.

Desde este Espacio nacional insistimos en que la única vía aceptable para la sociedad argentina es la ejecución inmediata y completa de la Ley 26160 de Emergencia en la propiedad y Posesión Indígena, prorrogada recientemente por el Congreso de la Nación a través de la Ley 27.400, y la pronta sanción de una ley de propiedad comunitaria indígena. En consecuencia, abogamos por una vocación dialoguista e intercultural que respete -en primer lugar y privilegiadamente- los derechos ya vigentes y reconocidos en el marco del Estado; exigimos el abandono de una política de seguridad que sólo visualiza a los pueblos originarios –y en particular al pueblo mapuche- como terroristas y violentos; y promovemos la construcción de un camino cuyo horizonte es el respeto al otro, a sus formas de vida y de desarrollo, sin imposiciones ni discriminación. En definitiva, abogamos por la construcción de un Estado genuinamente igualitario y exigimos que PAREN DE MATAR A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.

 

Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Jorge Nahuel, José Auletta, Roberto Aramayo, Alcira Argumedo, Pablo Bergel,  Nilo Cayuqueo, Claudia Briones, Mario Cafiero, Irma Caupan, Gaston Chillier, Alicia Ciciliani, Victoria Donda, Jaime Linares, Roberto Gargarella, Alejandro Grimson, Diana Lenton, Miriam Liempe, Claudio Lozano, Diana Kordon, Ruben Lo Vuolo, Francisco Nazar, Silvina Ramírez, Darío Rodríguez Duch, Cinthia Mónaco, Magdalena Odarda, Maristella Svampa, Juan Toklatian, Enrique Viale.

Con la participación de la Confederación Mapuche del Neuquén, Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y Parlamento Plurinacional.

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Comando Unificado contra la violencia de la RAM : La nueva embestida del Estado Nacional y provincial contra el pueblo mapuche

3 de Enero de 2018

Una vez más, asistimos a una medida del gobierno nacional y los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro y Chubut, que atenta contra leyes y principios democráticos consagrados en la Constitución Nacional, configurando un paso más en la escalada de hostigamiento a los pueblos indígenas. El gobierno busca construir una entidad a la que identifica como RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) -con argumentos notablemente endebles- como el enemigo privilegiado, al tiempo que extiende esta caracterización de “peligrosidad” a grupos políticos de izquierda, sectores anarquistas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, de los que afirma que confluirían en un accionar violento y extendido que ameritaría una respuesta contundente del Estado: la creación de un “comando unificado”.

El informe que se hizo público en los últimos días y que es la razón por la que se crea dicho “comando unificado”, está plagado de inexactitudes, información intencionalmente distorsionada y sesgado de modo tal, que lleve a la justificación del uso de la violencia estatal. Afirma sin más –careciendo del respaldo necesario, dada la gravedad de la información que transmite- que la tal RAM sería un movimiento etnonacionalista violento estrechamente vinculado a la Coordinara Arauco Malleco de Chile (CAM) y dependiente del Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP), quienes compartirían sus objetivos políticos: la lucha insurreccional contra el Estado argentino (y el Estado chileno) y la propiedad privada de la tierra.    

En el informe, llegan a ilustrar como “armas utilizadas” por las organizaciones “terroristas” a herramientas tales como serruchos, destornilladores, motosierras o tenazas, todas ellas indispensables para cualquier trabajo llevado adelante en el campo. Algunas otras de “las pruebas” aportadas son los panfletos distribuidos en los lugares donde se llevaron adelante acciones ilícitas, comunicados en la web y pintadas, sin detenerse a considerar que “cualquiera” puede imprimir panfletos, subir comunicados a la web o pintar consignas. Es de destacar que todo el material probatorio que presenta este “informe“ ha sido tomado de publicaciones en medios masivos de comunicación y de páginas de internet, y que en donde se afirma que cuenta con “indicios” propios que probarían la culpabilidad de las organizaciones, dichos indicios no se explicitan.

En un extenso capítulo segundo, los autores le atribuyen a la RAM, livianamente, 96 hechos judicializados y de conocimiento público, sin adjuntar ninguna otra prueba que –otra vez- panfletos, pintadas, trascendidos, etc. etc., demostrando una vez más cómo el aparato de inteligencia “construye la realidad”, realidad que responde y se adapta a los parámetros ideológicos de este gobierno.

El informe da por ciertos este conjunto de hechos, como si todos ellos ya hubieran sido juzgados, contaran con sentencia firme, y hubieran sido cometidos por miembros de la RAM, quienes previamente habrían confesado su membrecía y su autoría (a través de la sola presencia de panfletos). Por el contrario, muchos de los hechos denunciados ya han sido públicamente desmentidos. Hasta tal punto dicho informe es parcial, malintencionado y engañoso, que confunde la preservación cultural con la formación de un Estado paralelo, ejemplificando esta situación con el permanente reclamo por parte de las comunidades mapuches de que se permita ingresar por la frontera hierbas medicinales, que precisamente responden a sus propias prácticas y no configuran delito, sino que por el contrario, el derecho a la procuración de la  salud por vías tradicionales está reconocido en la legislación vigente. Es decir, no solamente se confunde intencionalmente el reclamo por la defensa de pautas culturales acotadas con una supuesta amenaza a la soberanía nacional, sino que se pretende un retroceso en el ejercicio de los derechos ya reconocidos por el Estado argentino después de muchas décadas de pacífico y trabajoso diálogo intercultural.

La creación de un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional cuyo objetivo es combatir a este “enemigo mapuche”, recuerda la terrible historia del terrorismo de Estado en Argentina. Su fuerza argumentativa radica precisamente en el conjunto de falacias, que nuevamente invocan conexiones internacionales, vínculo con las guerrillas colombianas (ya hoy en proceso de paz), o nexos con organizaciones kurdas. 

Pero no sólo “imagina” los nexos con enclaves internacionales, sino que también incluye organizaciones no gubernamentales, ejemplificando con el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), una organización reconocida a nivel nacional e internacional que trabaja acompañando los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, en especial los derechos de las comunidades mapuche. En definitiva, ignora la vigencia de los derechos indígenas en Argentina, considera que la propiedad comunitaria indígena –aunque sea un derecho de rango constitucional- es incompatible con la propiedad privada, demonizando cualquier sector, grupo, organización que luche por la vigencia de estos derechos, cubriendo con un manto de sospecha cualquiera de sus actividades.

Asimismo, contradice la ley de inteligencia nacional 25.520 que prohíbe que cualquier organismo de inteligencia obtenga información “…sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción” (art. 4, inc. 2).

El informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut es lamentable y genera una profunda preocupación por la firme decisión manifestada por el gobierno de perseguir al pueblo mapuche, configurando escenarios que vuelven a justificar la represión y criminalización. No olvidemos que en los últimos cuatro meses hemos asistido a la muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado en un contexto de represión, y el posterior asesinato de Rafael Nahuel en el lago Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, por parte de las fuerzas de seguridad estatal.

En tanto Espacio Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, queremos manifestar nuestro rechazo hacia el conjunto de acciones políticas que el gobierno está llevando a cabo en relación a la histórica problemática indígena, pretendiendo convertir a las comunidades mapuches y sus miembros en sujetos pasibles de persecución por un supuesto accionar violento; violencia que no duda en ejercer el Estado a través de sus diferentes instancias y de las acciones que despliega.     

Es imperioso detener esta escalada de violencia institucional.

NO más persecución y demonización de los pueblos indígenas. 

Por la defensa de la vida. Por el respeto de la Constitución y el régimen democrático, Por el reconocimiento del derecho a las tierras y el territorio de los pueblos indígenas.

           Espacio Nacional por la Paz y el Dialogo Intercultural

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La invención de un nuevo "enemigo"

Los pueblos indígenas no son terroristas

11 de diciembre de 2017

Estamos asistiendo a una escalada de violencia, represión y hostigamiento contra las comunidades y pueblos indígenas en Argentina que va tomando forma y consistencia en un conjunto de acciones gubernamentales muy graves cuyo objetivo es desconocer tanto los derechos de los pueblos indígenas, presentes en nuestra Constitución nacional, como vincular las acciones de protesta--particularmente en el caso de los mapuches--con el terrorismo.

En los últimos cuatro meses, la Argentina se ha visto sacudida por la muerte de Santiago Maldonado en Chubut, en el marco de un uso represivo e ilegal de la fuerza por parte de Gendarmería y por el asesinato de Rafael Nahuel en Río Negro, llevado a cabo por la Prefectura a pocas semanas del voto unánime de la ley de Emergencia 26160 que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas. Esto se ve agravado por un contexto de criminalización que busca instalar desde el gobierno un actor, la RAM, convertido en un “grupo terrorista” al que se debe combatir, sin aportar ningún tipo de evidencias sobre quiénes son, cuántos son, dónde se localizan, cómo se financian, entre otros. 

Referirse continuamente a la RAM sin prueba alguna de su existencia apunta a demonizar a la comunidad mapuche en su conjunto, cubriendo así con un manto de conjeturas y temores, demandas territoriales genuinas, amparadas en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales persisten en desconocer. La insistencia desmedida del oficialismo sobre un peligro nunca demostrado y ni siquiera indicado con claridad, la asignación de calidad de terroristas a grupos que no cumplen con ninguno de los requisitos que la legislación internacional exige para reconocerlos como tales, y el activismo ”especial” del Ministerio de Seguridad en estos temas, sumados a la sospecha de actividades ilegales de los grupos de inteligencia policiales y de la AFI--que ya llevaron al procesamiento de uno de sus agentes en la justicia federal--muestran el diseño de una política orientada a crear, por necesidades gubernamentales, un grupo terrorista donde simplemente hay históricos reclamos por territorio. 

En tanto Espacio Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, queremos manifestar nuestro rechazo hacia el conjunto de acciones políticas que el gobierno está llevando a cabo en relación a la histórica problemática indígena, cuyo objetivo presente es construir un “enemigo interno”, y sentar las bases de un sentido común anti-indígena en la sociedad, que habilite salidas más represivas, por fuera del Estado de derecho y el respeto de la Constitución Nacional. En esta línea se sitúan:

-Declaraciones de diferentes funcionarios de gobierno (desde la presidencia hasta el ministerio de Seguridad, gobernadores provinciales e intendentes de ciudades patagónicas).

-Proyectos de nuevos protocolos de seguridad carentes de transparencia institucional y deliberación pública.

-La reciente Resolución de la Procuración General de la Nación (3544/17) que destaca el auge del terrorismo internacional y la amenaza que constituye para la paz y la seguridad de las naciones, resolviendo encomendar la elaboración de una unidad contra “el extremismo violento y el terrorismo internacional”, sin ninguna precisión ni sustento que explique su necesidad para el caso argentino.

-La conformación de una “mesa de seguridad” en la que están incluidos cuatro gobernadores patagónicos y varios miembros del gabinete nacional- sin ninguna voz de la sociedad civil -y que, entre otras cosas, busca encuadrar las protestas indígenas en el artículo 213 bis del Código Penal, “como atentados contra el orden público”, para que de ese modo las causas por atentados no sean tratadas como delitos ordinarios sino que sean transferidos a los juzgados federales.

Teniendo presente que la Argentina ya ha conocido una triste historia en la que el descontrol y el abuso ha caracterizado la presunta "política anti-terrorista”, llamamos a que el gobierno nacional abandone esta línea de acción que solo traerá mayor violencia y un agravamiento de los conflictos con los pueblos indígenas. La historia argentina demuestra que la represión de los conflictos sociales que no se resolvieron por el diálogo y en paz, terminaron en crisis mayores. Llamamos al conjunto de la dirigencia política, medios de comunicación y a la población en general a exigir un freno inmediato a una política que sólo nos recuerda épocas nefastas que ya todos creíamos superadas.

NO MÁS persecución y demonización de los pueblos indígenas. 

Por la defensa de la vida,  Por el respeto de la Constitución y el régimen democrático, Por el reconocimiento del derecho a las tierras y el territorio de los pueblos indígenas.

Espacio Nacional por la Paz y el Dialogo Intercultural

Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Obispo José Macín, Jorge Nahuel, José Auletta, Roberto Aramayo, Alcira Argumedo, Pablo Bergel, Juan Grabois, Nilo Cayuqueo, Claudia Briones, Mario Cafiero, Gaston Chillier, Alicia Ciciliani, Victoria Donda, Jaime Linares, Roberto Gargarella, Alejandro Grimson, Diana Lenton, Claudio Lozano, Diana Kordon, Ruben Lo Vuolo, Francisco Nazar, Silvina Ramírez, Darío Rodríguez Duch, Cinthia Mónaco, Magdalena Odarda, Beatriz Sarlo, Felipe Solá, Maristella Svampa, Juan Toklatian, Enrique Viale.

Con la participación de la Confederación Mapuche del Neuquén, Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y Parlamento Plurinacional.

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Por la creación de un Espacio Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural

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Pueblos indígenas y violencia estatal en Argentina.

El camino hacia un diálogo intercultural

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017

La desaparición inicial y la posterior muerte de Santiago Maldonado en el marco de un uso represivo e ilegal de la fuerza por parte de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen en la provincia de Chubut, y el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, por parte de la Prefectura como corolario del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en la provincia de Río Negro, instalan varios debates que no se pueden postergar y que obligan a clarificar algunos de los aspectos centrales que son la génesis de los conflictos territoriales.

1-Existen pueblos indígenas en Argentina y existen derechos indígenas que se encuentran vigentes, tanto en la Constitución Nacional, como en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por Argentina (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los pueblos indígenas y Declaración americana de los Derechos de los pueblos indígenas). Los derechos territoriales, entonces, tienen un estatus jurídico, y los reclamos de las comunidades mapuches tienen su asidero en el derecho constitucional a la propiedad comunitaria indígena.

2- En la última década se ha hecho evidente el incumplimiento por parte del Estado de su propia obligación de garantizar y hacer efectivos estos derechos indígenas, tal como lo dispone la tan mencionada ley de emergencia 26160, y su última prórroga (la ley 27.400 publicada en el boletín oficial el mismo día que el Juez Villanueva ordenó el desalojo de la comunidad en la región del lago Mascardi, el 23 de noviembre pasado). Los retrasos injustificados del relevamiento técnico jurídico-catastral de los territorios indígenas reivindicados, sumado a los desalojos que siguen produciéndose a pesar de que la misma ley los suspende, generan una situación de incertidumbre que conspira contra una solución definitiva de estos conflictos. Las "recuperaciones territoriales” se deben encuadrar en ese contexto.

3- Se ha omitido deliberadamente decir que las tierras reivindicadas por comunidades indígenas han adquirido un interés económico notable, cruzado por la expansión de la frontera extractiva y los negocios inmobiliarios y turísticos que los convierten en un bien disputable tanto por empresas trasnacionales como nacionales, dado que buena parte de éstos son ricos en minerales, hidrocarburos, madera, agua, etc. En ese marco, resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (convenio 169 de la OIT), con la expansión de los territorios rentables para el capital. En el caso de los parques nacionales, se instaló junto con la Administración de Parques Nacionales (APN) la figura del “comanejo”. No es la primera vez que se suscitan diferencias en estos territorios, y ya se había previsto una reunión para el 27 de noviembre pasado (sólo unos días después del desalojo y el posterior asesinato) para iniciar un camino de diálogo para resolver el conflicto. Con el asesinato de Rafael Nahuel, el Estado optó, en los hechos, por la violencia.

4. Son variadas las experiencias y visiones de las numerosas comunidades y organizaciones mapuches. En el discurso del gobierno, la llamada "RAM" aparece como un grupo presente en distintas partes del país pero casi ninguno de los líderes indígenas reivindica ser parte de él y ni siquiera se conoce con nombre y apellido quiénes son sus miembros, cómo son financiados, por cuántos miembros está conformado, entre otras cuestiones. Así, la RAM se ha convertido en la excusa perfecta para que desde distintos ámbitos oficiales construyan “un enemigo interno”; lo cual demoniza al pueblo mapuche y lo estigmatiza como violento y terrorista; hecho que erosiona gravemente el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y debilita la democracia.

5- No sólo se ignoran los derechos indígenas vigentes en Argentina, sino que se menosprecia la identidad indígena -puntualmente la identidad mapuche- endilgándoles invocaciones “cuasi mágicas”, cuando se trata de elementos espirituales de su cultura que merecen comprensión y respeto; se los acusa de desconocer el Estado –un Estado que en pleno siglo XXI los sigue persiguiendo--cuando lejos están de querer construir un Estado independiente, sino que pretenden vivir como mapuches, y ser respetados por ello. En Argentina, tal como ha venido sucediendo por años en otras latitudes es clave avanzar hacia concepciones más inclusivas y pluriculturales, que fortalezcan la unidad territorial e institucional del país.

 6- El despliegue de la violencia estatal es preocupante por conceptos expresados por altos funcionarios gubernamentales. En sendas declaraciones tanto la Vicepresidenta como la Ministra de Seguridad formulan la teoría de que las fuerzas de seguridad “siempre deben contar con el beneficio de la duda” y que las acciones de las fuerzas de seguridad no deben ser justificadas porque se encuentran enmarcadas en acciones “legales y legítimas”. Afirmaciones que, en realidad, tergiversan un conocimiento básico elemental: la violencia de los aparatos del Estado debe ser limitada y especialmente restringida precisamente por la enorme concentración de poder y la correlación de fuerzas dispar. Quedar sometidos al accionar discrecional y arbitrario de las fuerzas de seguridad empieza por socavar aspectos centrales de un Estado de derecho.

7-. Estos hechos, lejos de ser aislados, ocurren en diferentes puntos del país. Así, desde fines de 2015 la situación de las comunidades indígenas y campesinas que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. En Neuquén, en julio de este año, la Gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento  Loma Campana. En los últimos días, desmontes ilegales, como los ocurridos en Salta, en Corralito, departamento de San Martin en una zona protegida por la Ley de bosques y Tierras indígenas, donde viven 10 familias wichis y 7 criollas, dan cuenta de la escasa voluntad gubernamental nacional y provincial, por proteger los derechos de los sectores más vulnerables, favoreciendo así  la expansión de la frontera sojera, en manos de grandes propietarios rurales.

8- Es necesario reencauzar el conflicto en términos de derechos y dar una resolución en términos políticos. Debe gestarse un espacio de diálogo intercultural entre diferentes actores, representantes de la comunidad, organizaciones mapuches, representantes de la sociedad civil, que pueda dar una respuesta a esta comunidad y a otras, y que implica reconocer que es fundamental saldar una deuda en términos de reparación histórica, legítimamente demandada por los pueblos indígenas. 

En esta línea, apoyamos la creación de la mesa de diálogo solicitada por el Lof Lafken Winkul Mapu, en la cual participan diferentes organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos de la provincia de Río Negro  y Neuquén, Endepa -Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica así como diferentes diputados y representantes políticos provinciales y nacionales.

Y en ese sentido proponemos:

I)          El lanzamiento de un Espacio Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, que propicie  el diálogo franco y respetuoso con las comunidades indígenas sobre el lugar de estos pueblos en el Estado argentino.  

II)         La intervención de la sociedad civil para hacer posible la apertura del esperado debate sobre el avance del acaparamiento de tierras, de la mano de modelos de desarrollo altamente expulsivos y destructivos en los territorios, que hoy encuentran importantes resistencias sociales en nuestras provincias.

III)       El cese de la represión y el fin de la campaña de hostigamiento hacia los pueblos indígenas y la adopción de un compromiso decidido de toda la sociedad y del Estado en apoyo de éstos y otros grupos vulnerables de la población.

Sólo con mayor democracia y compromiso social será posible saldar la deuda histórica que el Estado argentino tiene para con los pueblos indígenas.

  

Por la creación de un Espacio Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural

Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Nora Cortiñas, Obispo José Macín, Jorge Nahuel, José Auletta, Roberto Aramayo, Alcira Argumedo, Pablo Bergel, Juan Grabois, Nilo Cayuqueo, Claudia Briones, Mario Cafiero, Gaston Chillier, Alicia Ciciliani, Victoria Donda, Jaime Linares, Roberto Gargarella, Alejandro Grimson, Diana Kordon, Diana Lenton, Claudio Lozano, Ruben Lo Vuolo, Fernando Chino Navarro, Cinthia Mónaco, Francisco Nazar, Magdalena Odarda, Padre Pepe, Silvina Ramírez, Darío Rodríguez Duch, Beatriz Sarlo, Felipe Solá,  Maristella Svampa, Juan Toklatian, Enrique Viale.

Con la participación de la Confederación Mapuche del Neuquén, Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y Parlamento Plurinacional.

Adhesiones Personales

Lucrecia Martel, Ricardo Alfonsín, Horacio Verbitsky, Gabriela Massuh, Julian López, Jorge Taiana, Rubén Giustiniani, Héctor Polino, Luis Puenzo, Luis Felipe Noé, Mario Pecheni, Patricia Zangaro, Patricia Pintos, Lita Stantic, Horacio González, David "Coco" Blaustein,  Selva Almada,  José Nun, Alicia Lissidini, Lucy Edelman, Nicolas Tauber, Sonia Cristoff, Laura Ginsberg, Juan Carlos Macías, Victoria Solanas, Chunchuna Villafañe, Emilio de Ipola, Ximena Ávila,Gustavo Solis Fonseca, Felix Monti, Fernando Martín Peña, Jorge Alberto Acevdo, Marian Volpi, Ana Rut Schejtman, Horacio Tarcus, Juan Piovani, Mirta Antonelli, Patricia Cecilia Galletti, Leonor Slavsky, Mariel Omar, Maria Casiana Vanoli, Margarita Stolbizer, Mario Blaser, Eduardo Hualpa, Mario Rufer, Juan Manuel Salgado, Gladys Lopreto, Fernando Kosovsky, María José Figuerero, María Laura Filippini, Patricia Iturrieta, Suyai Malen García Gualda, Gerardo Aldazabal, Maximiliano Crespi, Fernanda Piras, José María Hidalgo, Federico Lanusse, Lorena Bottaro, Claudio Revuelta, Mariana Heredia, Griselda Fanese, Alicia Ramirez, Ramiro Zárate Gigli, Daniel Rodríguez, María Alejandra Gette, Moira Millan, Irma Caupan, Viviana Beatríz Gómez, Miguel Teubal, María Elida Sosa, Osvaldo Cipolloni, Cristina B. García Vázquez, Ana Sofía Soria, Darío Lagos, Renato Javier Berrino, Ayelén Medina Senn,  Bárbara Briscioli,  Mauricio Aureli, Pablo Alabarces, Mauricio Acosta Rangel, Carlos Masotta, Sebastián del Río, Manuel Fontenla. , Ana Teresa Martinez, Patrizia Quaglia, Paulina Brunetti, Manuel Rozental, Sergio Korn, Sara Daneri, Mónica F.Baeza, Tulia Falleti, Graciela Silvestri, Ana Elena García, Pía Bouzas, Silvia Hirsch, Pablo Stefanoni, Mercedes Biocca, Alejandro Elvio Ludueña, Ayelén Mereb, Adrián Gorelik, Gisela Hadad, Alicia Carreño, Axel Lazzari, María Victoria Murillo, Samanta Guiñazú, Carla Marcela Franquelli, Gabi Cabezón Cámara, Karina Jannello, Karina Pegoraro, José Luis Bonifacio, Carolina Crespo, Marta Sahores, Andrés Barale, Sonia Ivanof, Silvana López, Gustavo Macayo, Rodrigo Sola, Vaniria Abbona, Carlos Janin, Marisa Figueroa, Julio Aguirre, Andrea Spina, Eloisa Oliva, Yolanda Beatriz Cipollini, Silvina Zimerman, Mariana Podetti, María Eugenia Covacich, Patricia Pereyra, Leonardo Parlanti, Ana Laura Pérez, José Fernández Vega, Romina Sckmunck, Flavia Soldano, Paula Pérez Alonso, Ariadna Labatte, Uara Carrillo, Emilio Nicolás Nessi, Liliana Tamagno, Guillermo David, Leonardo Vasconcelos, Sonia Sasia, Claudia Hammerschmidt, Rodolfo Rabanal, Carlos Benedetto, Aldo Ameigeiras, Adriana Serrudo, Juan Carlos Radovich, Lidia Teve, Morita Carrasco, Alberto Binder, Donaldo Bran, Gabriela Karasik, Miriam Alvarez, María Graciela Nieto Ortiz, María Rosário de Carvalho, Carlos Terena Terena, María Constanza Casalderrey Zapta, Andrea Poblete, Lucio Albirosa, Andrea Gigena, Ezequiel Adamovsky, Daniel Cáceres, Alejandro Ponce, Eleonor Faur, Carla Gras, Claudia Lozano,  Marcela Alicia Fumière, Maniel Manzoni, Jorge Karol, Elizabet Jelin, Andrea Guinta, Cecilia Anigstein,  Anibal Viguera, Paula Abal Medina, Beatriz Ocampo, Cecilia Pantoja, Diego Janin, Graciela Draguicevich, Jorge Dominguez, Martín Bergel, Graciela Mónica Falivene, Carlos Acuña, Marcelo Gómez, Diego Dominguez, Gabriel Vommaro, María José Lubertino, Abdul Karim Paz, Jorge Daneri, Maria Ines Cafiero, Gabriela Merlinsky, Miguel Julio Rodrìguez Villafañe, Mario Mazzitelli, Juan Pablo Cafiero, Marcelo Leiras, Julio Fuentes, Bernandino Zaffrani, Juan Sarai, Gabriel Soler, Martín Nunziata, Viviana María Sieburger, Carlos Juliá, Mario José Pino, Luciana Ghermandi, Graciela Iturraspe, Carlos Enrique Díaz, Claudio Bravo, Enrique Del Percio, María Patricia de Marinis, Laura Celina Vacca, María Graciela Bosio, Carlos Buthet; Mabel Grimberg, Liliana Parada, Ludmila Da Silva Catela, Rita Segato, Dora Barrancos, Laureano Borton, Sofía Tiscornia, Ana Dominguez Mon, Monica Tarduchi, Hugo Trinchero, Marcelo Saín, Alejandro Bazalote, Carlos E. Díaz, Laura Rugiero, Cualdia Guebel, Matias Laius, Alexis Papazian, Jonatan Thea, Liliana Raggio, Alejandra Pérez, Gabriela Karasik, Graciela Batallán, Mariana Mondini, Rocío Gonzalez, Verónica Cleñan, Ana María Barletta, Francisco Raul Carnese, Cesar Cernadas, Alicia Genolet, Nadia Molek, Nélida Alicia Barber, Carolina Crespo, Virgina Vecchili, Claudio Ceruti, Mariana Enet, Fernando Martín Peña, Bernardo Zupnik, Alicia Martín, Liliana Parada, Martina García, Juan Solanas, Dolly Pussi, Silvia Di Riso, Judith Charlin, Silvina Cuella, Cristina Dejean, Felix Monti, Mariana Volpi, Jorge Alberto Acevedo, Claudio Remedi, María Freier,  Daniela Barra, Alicia Rebollar, Ignacio Verta, Marcos Zimmermann, Denis Merklen, Jorge Halperin, GAbriel Kessler, Natalia Castelnouvo Biraben,  Eduardo Jozami, Lila Pastoriza, Gustavo Vera, Elena Vinelli, Silvia Inés Arias, Carlos Cerutti, Norma Marcelo Giacomino, Rafael Lajmamovich, Maria Fabiana Rìos, Manuel Tonelli, Alba Piotto, María del Carmen Rodríguez, Ludmila Quiroga, Jorge Oscar Daneri, Daniel Alberto Bidolski, 

Adhesiones de Organizaciones

Corriente La Colectiva Nacional y Corriente La Colectiva Bariloche

Red Agroforestal Chaco Argentina REDAF

Consejo Consultivo de Pueblos indígenas de Argentina

Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho indígena AADI

Centro de Estudiantes del ISFD nro 29 de Merlo, Buenos Aires

Iconoclasistas

Asociación para la Promoción de la cultura y el Desarrollo APCD. Las Lomitas, Formosa

Asamblea por la Vida de Chilecito, La Rioja

Las Salamanqueras del Valle de Famatina, Chilecito.

Espacio Cultural Abya Yala, Chilecita.

Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen END
Unión de los Pueblos Diaguitas-Tucumán
Huerquen-Comunicación en Colectivo
Instituto de Estudios Comparadas en Ciencias Penales y Sociales INECIP
Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta
Vecinos autoconvocados contra abusos policiales VACAP
Coordinadora Antirepresiva de Villa María y Villa Nueva
Fundación ECOSUR
Aministía Internacional
Comunidad mapuche Epu Lafken, Los Toldos, Pcia de Buenos Aires
Red de Información y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio RIDAP
Centro de Políticas Públicas para el Socialismo CEPPAS
Teatristas Neuquinos Asociados TeNeAs
Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir
Hermandas de la Misericordia de las Américas, Comunidad Argentina Azulado.
Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Agrupación de Abogados Populares de Catamarca
Instituto de Cultura Popular (INCUPO)
Cáteadra Abierta Intercultural, Buenos Aires
Colectivo por la Igualdad
ALFAR, Colectivo Cultural, Buenos Aires
Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE)
Grupo de Reflexión Rural (GRR)
Asamblea Delta y Río de la Plata
Asociación Mutual Sentimiento
El Grito Argentino de Río Negro
Movimiento No Matarás
Cátedra Libre Osvaldo Bayer de la Universidad de Avellaneda (UNDAV)
Institutto Interdisciplinario de Género, Fac. de Filosofía y Humanidades (UBA)
Colectivo Antropologas Feministas
Organización Seamos Libres
Maestría en Poder y Sociedad desde la Problemática del Género, Universidad Nacional de Rosario
Cátedra Abierta Intercultural Universidad Nacional de Luján
Espacio Colectivo Alfar
Instituto de Estudio sobre Estado y la Participación ATE 
Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina
Todos Unidos Triunfaremos (Grupo de whatsapp)
Laboratorio de investigaciones en Antropología Social (LIAS), UNLP
Partido Social Patagónico